Miembros de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) alertaron en Brasilia de que ese delito, que mueve en la región unos US $80 mil millones al año, es un obstáculo al desarrollo.
El brasileño Edson Luiz Vismona, directivo de la ALAC, que reúne a autoridades de Gobiernos y de sectores empresariales, dijo en un encuentro que, además, el contrabando ha estrechado sus vínculos con el “crimen organizado”, con lo que se ha constituido en una “amenaza para los Estados”.
Según Vismona, ese delito y la piratería son “un fenómeno que se expande por América Latina” y afecta directamente la seguridad jurídica de que requieren los inversores, y otros aspectos “tan o más graves”, como la seguridad y la soberanía.
Esas actividades se han relacionado con organizaciones del crimen transnacional de tráfico de drogas, armas o de seres humanos, por lo que es “imperiosa” una “acción conjunta” de los Estados para combatirlas.
Vismona citó el caso del contrabando de cigarrillos, que ya “se ha tomado el 44 % del mercado brasileño” legal de esos productos, 22 % en Chile y 14 % en Argentina.
Entre los factores que incentivan esa actividad, el directivo de ALAC mencionó las “asimetrías impositivas” y el “aumento continuo de la carga tributaria”.
