La Casa Blanca exigió ayer “unas elecciones justas, libres y transparentes” para la restauración de la democracia en Nicaragua, y abrió la puerta a más sanciones a funcionarios del presidente Daniel Ortega si no detiene la violencia, que ha dejado más de 350 muertos.
El Ejecutivo del mandatario Donald Trump responsabiliza a Ortega y su esposa, la vicegobernante Rosario Murillo, de la “violencia indiscriminada” y la “brutalidad policial” contra los manifestantes.
Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Francisco Díaz, jefe de la Policía y consuegro del jefe de Estado; Francisco López, vicepresidente de la petrolera Albanisa, y Fidel Moreno Briones, secretario general de la alcaldía de Managua.
“Estas son el principio, no el final, de sanciones potenciales”, remarcó la Casa Blanca. EE. UU. anunció que revocará los visados de funcionarios nicaragüenses vinculados con la violencia contra los manifestantes, así como de sus familias.
Mantener privilegio
Por su parte, un grupo de congresistas estadounidenses pidió a Trump que reconsidere su decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de 5 mil nicaragüenses, por considerar que sería “irresponsable” mandarlos a su país debido a la crisis que sufre.
“En este momento tan peligroso, es necesario que continuemos ofreciendo refugio a los nicaragüenses que ya viven en EE. UU., ante la escalada de violencia en Nicaragua”, dijo el republicano Mario Díaz Balart.
La carta a Trump, con copia a los secretarios de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y de Estado, Mike Pompeo, está firmada también por los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo, y por los demócratas Albio Sires, Debbie Wasserman, Adam Schiff y Norma Torres.
