Una jueza de Honduras ordenó el aseguramiento e incautación de bienes inmuebles a 38 hondureños, entre ellos diputadosy funcionarios, así como particulares, acusados de desviar más de US $11.7 millones (Q87. 3 millones) para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, informó hoy un medio local.
La magistrada Lidia Álvarez concedió “la solicitud de decretar el aseguramiento e incautación por lo que se debe de proceder a la inscripción de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos en el registro público de los bienes inmuebles”, según la resolución divulgada ayer por el diario La Tribuna.
Los bienes incautados pasarán a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para “su custodia y administración”, añade la resolución publicada.
Álvarez ordenó también la captura internacional de las personas citadas, afirmó a Efe el sábado un portavoz judicial que pidió el anonimato. Los implicados son acusados de “abuso de autoridad,
fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras”, según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad, del Ministerio Público (Ufecic).
La magistrada ha citado a los acusados para hoy, en una audiencia de declaración de imputados, afirmó a Efe la misma fuente judicial.
