La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) formalizó su vida internacional gracias a la suscripción del Tratado de Madrid el 16 de octubre de 1992, acto que fue conmemorado ayer, en el 25 aniversario de su adopción, con un conversatorio.
El origen del espacio de participación de los ministros y ministras se remonta a 1970 con ocasión del centenario de la Ley Orgánica del Poder Judicial de No. 1870, de Madrid, en la que tuvo lugar una reunión de los encargados de Justicia de los países hispano-luso-americanos y de Filipinas, que terminó con el Acta de Madrid.
“En estos 25 años de multilateralismo jurídico, la Conferencia ha atesorado un acervo relevante nutrido por un diálogo intergubernamental fructífero, abonado con la riqueza que supone la naturaleza hispano-luso parlante de su conformación y consolidado por una cultura jurídica común que une la península ibérica con el continente americano”, informó Arkel Benítez, secretario del Comjib.
Reconocer el Espacio Jurídico Iberoamericano permitirá inscribir la discusión sobre la competencia de la Comjib en un espacio que reclama una especializada intervención multilateral como es la efectiva tutela legal de los progresos sociales, económicos, culturales, políticos y jurídicos de la región, esto es, impulsar la certeza y la seguridad jurídica.
El campo fértil que en esta materia tiene por delante la Comjib es enorme y como tal requiere de una precisión temática de manera que las acciones cooperativas que se ejecuten tengan un impacto visible y útil.
La ministra de Justicia de Portugal, Francisca Van Dunem, el titular de Justicia de España, Rafael Catalá Polo, los exencargados de Justicia de España Juan Fernando López Aguilar y Alberto Ruiz Gallardón, fueron los que pusieron sobre la mesa los retos que enfrenta la Justicia en el ámbito del fortalecimiento institucional de cada Estado y cómo la cooperación jurídica internacional debe adaptarse a las instituciones y sociedades para reforzar el acceso a la justicia, la igualdad de género, el combate al crimen organizado y las políticas públicas en materia de justicia, utilizando herramientas innovadoras como digitales, la transferencia de capacidades y mecanismos que den respuesta a las necesidades de la región.
* Con información de Comjib
