Diferentes instrumentos de política pública han sido formulados para atender a los sectores de la población más vulnerables y, como muestra del compromiso gubernamental con superar sus condiciones de vida, comienzan a llevarse a la práctica por medio de acciones interinstitucionales.
Es el caso de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, a quienes se les ofrece mejor atención y servicios de reparación, a la vez que se trabaja para prevenir que esos hechos continúen suscitándose.
En este esfuerzo coinciden actividades de la Secretaría Presidencial de la Mujer, de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi), así como de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, entre otras entidades.
Las acciones tienen como base la actualización de los lineamientos estatales relacionados, efectuada en octubre del año pasado y que fue coordinada por la primera institución.
A partir de esa puesta al día, mil 192 profesionales de los servicios hospitalarios han sido sensibilizados para la mejor atención a víctimas de agresiones de tipo sexual, aspecto acerca del cual se ejecuta un plan piloto en Chimaltenango y Sacatepéquez, y se implementaron 42 clínicas especializadas.
La fidelidad y agilidad en el registro de los datos relacionados con estos sucesos es fundamental para anticiparlos o evitarlos, así como la buena coordinación entre diferentes instancias. Por eso es relevante que durante los primeros 7 meses de 2017 hayan sido instruidas 207 salubristas y 18 coordinadores de comités de violencia sexual, en 12 centros asistenciales.
Esta labor es útil también para identificar a las beneficiarias en otro ámbito relevante: el de la asistencia económica que es proveída por el Ministerio de Desarrollo Social, cartera de la que en la actualidad 55 personas reciben Q1 mil 500 cada mes.
La violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes son indicadores de subdesarrollo de la sociedad guatemalteca que se deben erradicar. Acerca de esto, resulta esperanzador observar que se encaminan acciones efectivas en diferentes ámbitos.
