Los ciudadanos exigen cada vez más servicios eficientes y un Estado más avanzado, la crisis económica y financiera ha acentuado esta situación, en virtud de que se ingresa menos, pero se gasta más porque aumenta el gasto social.
Un Estado moderno y eficiente es un pilar fundamental que articula el buen funcionamiento de la sociedad, para lo cual, es preciso analizar nuevas fórmulas o modelos para garantizar su sostenibilidad que garantice su propia supervivencia.
Las demandas de los ciudadanos son legítimas y crecientes, pero los fondos públicos son limitados y no siempre pueden seguir aumentando, es necesario cambiar la estructura administrativa para poder seguir asumiendo los compromisos sociales sin llegar a bloquear el sistema, por tanto, es vital continuar prestando servicios de calidad y adaptados a las nuevas necesidades de los ciudadanos, para lograrlo se necesitan fondos para el resto de las funciones propias del sector público.
Cuando los recursos escasean, el Estado se ve obligado a recortar gastos e inversiones, dado que también las finanzas públicas deben estar equilibradas. No obstante, cuando debido a la crisis los ciudadanos no disponen de recursos suficientes para mantener su nivel de vida, es precisamente en estas situaciones difíciles cuando el Estado juega un papel clave para crear un entorno de sostenibilidad fiscal y financiera, pero es necesario contar con estructuras estables y sólidas, garantizar que el sistema continúe funcionando.
Lamentablemente, es en entornos difíciles cuando arrecian las críticas al Estado, al tiempo que se le exigen apoyos, medidas y mayor protagonismo para superar las dificultades.
La experiencia demuestra que, finalmente, se necesita un sector público sólido que actúe con inteligencia, lo que no es sinónimo de mayor gasto, sino de más eficiencia.
Además, el papel del Estado y, en particular, el de la administración pública, debe impactar en la percepción y en la confianza de un país, para lo cual, debe ser percibido como transparente, ineficiente y no como un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, y por ende, para los ciudadanos.
Teniendo en cuenta estas premisas, no se puede obviar la importancia de una administración pública bien articulada, que utilice correctamente lo que se le presta, que administra de manera adecuada los fondos que recibe, que garantiza la seguridad jurídica y que informa con transparencia.
