La fiscalía movilizó este martes a la Policía para impedir el referendo de autodeterminación convocado en Cataluña por el gobierno de esta región española, a pesar de la prohibición judicial.
La instrucción va dirigida a todas las unidades que operan en la región, pidiéndoles que actúen contra autoridades, funcionarios o particulares con el fin de evitar la consumación de los delitos, es decir, el escrutinio del 1 de octubre.
Decisión
Las órdenes fueron transmitidas personalmente a las cúpulas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, y la dependiente del Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, a quienes piden actuar contra sus superiores políticos.
“Los funcionarios policiales (…) procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, dice la instrucción.
Lo anunciado
Entre estas medidas, especifica la requisición de urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal.
El gobierno independentista de Carles Puigdemont fue denunciado por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación al convocar a la consulta a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.
Los dirigentes catalanes no piensan detener sus planes y si los independentistas se imponen en la votación, pretenden declarar la secesión de esta región de 7.5 millones de habitantes.
Decisión judicial
El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley de Transitoriedad Jurídica, aprobada el jueves por la mayoría independentista del Parlamento regional para regular la transición y fundación de una hipotética república independiente si ganan el referendo.
El ministro de Justicia español Rafael Catalá recordó que “los Mossos están para servir a los ciudadanos, a todos”.
La tensión se evidenció en el Senado, donde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a los independentistas de distribuir carnés de catalanes buenos y excluir a quienes no piensan como ellos.
