El país recibió ayer una noticia importante: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la sacó de la lista negra de territorios que no aportaban a la transparencia debido a que mostró “progresos masivos” en esta materia, y como consecuencia subió dos categorías en el Foro Global.
La entidad internacional hizo un examen provisional de los 15 meses pasados respecto del criterio de intercambio de información sobre demanda (EOIR, por sus siglas en inglés), el cual será analizado el 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania, por los integrantes del G20 (grupo de naciones desarrolladas y emergentes).
Junto a Guatemala, Panamá y Micronesia son los que dieron los adelantos más grandes al pasar de incumplir el EOIR a cumplirlo “ampliamente”. Otras siete jurisdicciones que se consideraban “parcialmente” conformes, ahora lo están por completo; entre ellas, Costa Rica. Con esta revisión, el único que permanecerá en este listado es
Trinidad y Tobago.
La decisión es resultado de la visita que el mandatario Jimmy Morales hizo el 8 y 9 de este mes a Francia, durante la cual depositó en ese organismo la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que fue ratificada por el Congreso guatemalteco el 23 de mayo y que permite el intercambio de información entre territorios, no solo de transacciones bancarias y saldos sino también en aspectos comerciales y declaración de precios.
La disposición de la OCDE hace que Guatemala sea más atractiva para los inversionistas extranjeros, dota de más herramientas para combatir la evasión impositiva, más allá de las fronteras; mejora las perspectivas de evaluación de las calificadoras de riesgo-país, incidiendo en la apertura de otros mercados financieros más atractivos, con lo cual se fortalecen las condiciones de crecimiento económico.
Como manifestó el titular del Ministerio de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, este logro es muestra de la voluntad política de nación, lo que permitió reflejar avances reales, entre los cuales sobresalen las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y la liberalización del secreto bancario.
