Durante 80 años, Ixchiguán y Tajumulco vivieron un conflicto limítrofe que mantenía una batalla entre sus pobladores, quienes sumaban a su situación económica la intranquilidad y el asedio.
Esta inestabilidad fue aprovechada por el crimen organizado, que intentó sustituir al Estado, ofreciendo a los pobladores mejores ingresos por dedicarse a la siembra de amapola, la cual generaba más ganancias que las plantaciones lícitas, sin los engorrosos procesos para trasladar el producto de sus cosechas a los mercados.
Es por ello que ningún gobierno del pasado quiso intervenir en dicha problemática, pues para solucionarla es necesario contar con la voluntad de emprender medidas integrales que no prioricen la represión y la violencia como medio de erradicar los cultivos, sino que tengan una visión estratégica que favorezca un futuro mejor para estas localidades.
La adminstración de Jimmy Morales aceptó el reto de encontrar una salida definitiva a un problema añejo, y hoy se ven los resultados: las plantaciones ilegales se han
eliminado en su totalidad.
Durante el primer mes de vigencia del estado de sitio se han limpiado 4 mil 919 campos, valorados en Q4 mil 682 millones 134 mil 156. Ello equivale al 93.1 por ciento del monto total que se ha logrado eliminar en todo el país durante el año.
Para lograr que estos resultados tengan un impacto en el largo plazo, las autoridades hacen esfuerzos para dar con los grupos delincuenciales que operan en el área y que manipulaban la situación para mantener la crisis. Adicionalmente, se han extendido estas actividades a Tejutla y Concepción Tutuapa, Tacaná, en donde también se han localizado sembradíos.
Ahora es el momento de pensar en una planificación para que la población no quede abandonada nuevamente y deba recurrir al delito.
De esa cuenta, las autoridades también hicieron las mediciones del territorio en disputa, cuyos resultados se debaten en una instancia de diálogo para convertirlos en una iniciativa de ley para su posterior envío al Congreso.
También el programa Tren de Desarrollo llegará con asistencia técnica, que empieza con la inversión de Q4.4 millones en la construcción de 2 pozos de agua, para impulsar el progreso en la región.
Con todo ello, el Gobierno espera darle fin a una etapa dolorosa en esa parte del occidente nacional.
