Un reto fundamental para la agenda de desarrollo, está asociado a decisiones de alto nivel que nos permitan transitar hacia un Estado que se gestiona por políticas públicas. La conducción de este proceso no puede estar basada en planes o programas desvinculados del sistema nacional de planificación, ni definido por aspectos más que estratégicos, operativos.
El enfoque estratégico debería orientarse a cerrar las grandes brechas de inequidad que persisten en el país: entre hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, ricos y pobres, o entre personas del área urbana y rural.
Por eso, la noción de gradualidad que incorpora el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032, plantea que debemos resolver en este primer período, aspectos vinculados a otorgar pisos básicos de protección social universal a las poblaciones mayormente vulnerabilizadas; tales como las mujeres indígenas del área rural. De ahí que la territorialización de políticas públicas, cobra una importancia particular en esta fase. La participación de los gobiernos locales en este proceso es central y la “municipalización” de los servicios de protección y bienestar social debe ser un enfoque dentro de las acciones de política pública.
Es necesario trabajar en el fortalecimiento de las capacidades municipales y en hacer coincidir las directrices del Plan y la Política Nacional de Desarrollo, con las emanadas de los Consejos de Desarrollo, los gabinetes de gobierno y el Consejo de Ministros.
Sobre este aspecto vale decir que la agenda para el desarrollo nacional, solo será posible en la medida que se fortalezcan los espacios de diálogo entre la ciudadanía y el Estado.
La participación ciudadana de las mujeres en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas para el desarrollo, es central y estratégica. Ya no podemos seguiresperando.
El modelo de planificación tradicional del desarrollo, cortoplacista, centralizado, basado en la programación presupuestaria, incapaz de incorporar la visión ciudadana, no es sustentable. Debe para ello transitar obligatoriamente hacia uno en el que se articulen todos los ámbitos de la vida social, todos los niveles de la gestión pública y donde la ciudadanía, especialmente las mujeres, sean titulares de las decisiones del poder público.
