Los censos, en sus diferentes categorías, son herramientas importantes, pues proporcionan indicadores y muestran el camino y la dirección en la toma de decisiones en favor de la ciudadanía.
Estos estudios revelan características poblacionales, hogares y viviendas, cuantifican estos y facilitan su observación en momentos determinados, así como los datos demográficos, económicos y sociales. En otras palabras, son una radiografía de la realidad socioeconómica y cultural de un territorio.
En el caso nuestro, en noviembre se hará una medición piloto en al menos cuatro municipios seleccionados, con el fin de probar la logística y el trabajo de campo del próximo estudio de población y vivienda, cuya fase censal o recolección de datos en todo el país se hará en abril del próximo año.
Con el fin de garantizar que los resultados sean efectivos y transparentes, el proceso comenzó en 2016, con la planificación y la actualización cartográfica en Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Izabal, Zacapa y Santa Rosa, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En la etapa final se contratará a 10 mil encuestadores, quienes deberán ser de su comunidad y hablar el idioma local, para que la información sea fidedigna y pueda utilizarse de manera adecuada en los proyectos de desarrollo.
Este esfuerzo tiene el acompañamiento de la cooperación internacional, específicamente del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que firmó un convenio con el INE, el cual incluye el apoyo en la selección del personal que estará a cargo del proyecto.
El próximo censo es de vital importancia, pues se obtendrán datos interesantes, como el material con el cual están fabricadas las viviendas, la disposición de los desechos sólidos, acceso al agua potable y saneamiento, la tasa de fertilidad, esperanza de vida, proyecciones de población y educación, además de la identidad multicultural y cifras sobre migración, entre otros aspectos.
La actualización de toda esa información es necesaria, pues la más reciente fue elaborada en 2002. Con esta herramienta, las instituciones públicas y privadas tendrán la certeza de qué políticas públicas o proyectos requieren las comunidades.
