Los cambios a la Constitución nos bajaron de la nube en la que andábamos.
La reforma del Estado guatemalteco parece avanzar más de prisa, pero siempre a paso de caracol, en el sentido de mejorar la calidad de los políticos y por consecuencia de los funcionarios públicos, mediante la participación electoral y la formación ciudadana, y no tanto por medio de la depuración y perfeccionamiento de las leyes y de los mecanismos para hacerlas valer.
Sostengo que el cambio que nuestro país necesita depende de que ambas se dinamicen y reconozco que si de cambiar leyes se trata, lo más efectivo e inmediato para mejorar el rumbo de Guatemala sería la mutación del sistema judicial, porque por el lado electoral la regulación puede variar, pero eso se hará sensible de acuerdo con períodos electorales y un proceso de maduración ciudadana que podría ocuparnos por más de tres cuatrienios.
Como dije, considero los cambios constitucionales en el ámbito de la Justicia deberían tener efectos correctivos inmediatos, con consecuencias penales, y a los electorales los ubico más en una línea preventiva que debe ser ejercida en diferentes vías por la ciudadanía y no tanto por las entidades gubernamentales.
Pero las modificaciones promovidas a la Carta Magna relacionados con la Justicia nos bajaron de la nube en la que andábamos desde la salida compulsiva del Partido Patriota del poder. Se han estancado y tal vez han servido, solo para reconocer que algunas personas y sectores que estuvieron indignados con un gobierno buscan mantener las situaciones de fondo que los provocaron.
Bien, sin que haya adelantos en la transformación judicial, se comenzará a discutir un nuevo grupo de 38 cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Auguro, con base en los argumentos que he presentado, que esta propuesta, aunque sufrirá enmiendas, si será aprobada por el Congreso y pronto podríamos estar votando por personas y no por listados, por comités cívicos con un grado mayor de legitimidad y no por maquinarias electoreras, y por más mujeres y menos hombres, quienes deberán hacer proselitismo convincente, porque sus recursos para publicidad y propaganda enajenantes serán limitados.
Seguro nuestro sistema se optimizará. Las personas electas no tendrán que hacer un gran esfuerzo por superar el promedio del efectuado por las predecesoras. Podremos esperar que estén más comprometidas con la nación y que los estamentos de la República por fin se relacionen de manera constructiva.
