Con la finalidad de explicar los obstáculos que existen para llevar a cabo el censo de las Transferencias Monetarias Condicionadas y hacer efectivos los desembolsos en Salud y Educación, en las siguientes líneas Carlos Vidal, vicetitular del Ministerio de Desarrollo Social, explica los desafíos que enfrenta su administración, en la cual se prioriza la trasparencia en la ejecución de los programas.
¿Cuál es la dificultad?
Que no tenemos una asignación específica de recursos y carecemos del personal suficiente para lograr cumplir con el requerimiento. En el artículo 23 de la Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2017 se nos impone que hagamos un censo antes de dar los desembolsos. Eso causó que la planificación para las entregas de este año fuera modificada.
¿A qué se refiere?
Se nos obliga a que hagamos una evaluación de las condiciones socioeconómicas de las familias. Esto es mucho más complejo que solo contar personas.
En este sentido, nos hemos reunido con autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) para establecer qué herramienta se empleará para alcanzar dicho objetivo.
¿Cuándo comenzaron el proceso?
La recolección de datos se inició el 16 de marzo, priorizando Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Sololá, Totonicapán y San Marcos. Esto en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020 y sobre los índices de pobreza y pobreza extrema.
¿Se ha gestionado alguna ayuda?
En la actualidad, el Ministerio de Finanzas Públicas nos ha ofrecido trasladar fondos al INE, y este contrate al personal que se encargue de la recolección de datos, pues tampoco podemos recibir una ampliación presupuestaria para tal efecto.
