El plan fue presentado a cada institución el 10 de enero de 2017.
En seguimiento al Plan de Acción 2017-2021, planteado por el Conadi, luego de recibir las observaciones y recomendaciones realizadas al Estado guatemalteco, en cuanto al cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en agosto del 2016, al encontrarse prácticamente toda la institucionalidad pública en el proceso de planificación del 2018, es el momento propicio para hacer un recordatorio a los responsables institucionales, a efecto de que incluyan este tema entre sus metas y objetivos.
El Conadi formuló el plan de acción con el acompañamiento del Congreso de la República, a través de la Comisión Sobre Asuntos de Discapacidad, la Secretaría de Planificación y Programación –Segeplan–, Comisión Presidencial de Derechos Humanos –Copredeh– y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de atender y dar respuestas concretas a las recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas.
Nuestro país adoptó la Convención de la ONU como parte de su legislación interna, mediante Decreto 59-2008 y por Acuerdo Gubernativo 78-2009 se delega en el Conadi la responsabilidad de verificar su aplicación y la coordinación de esfuerzos para la construcción y entrega de los informes de avances, por lo que basado en este mandato, que ojalá sea respetado, se solicitará información a las instituciones, en cuanto a la inclusión del tema en su proyección presupuestaria y planificación de acciones para el ejercicio 2018.
El Plan fue presentado y entregado a cada institución de servicio público el 10 de enero del 2017, en reunión de trabajo convocada por la Comisión Sobre Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República, oportunidad en la que se dio la orientación de incluirlo en la planificación institucional, por lo que corresponde ahora conocer la forma de cómo ha quedado incorporado en el quehacer de cada entidad y cómo se garantiza su sostenibilidad.
Hasta ahora, no son más de 10 instituciones del sector público que cuentan con programas y servicios debidamente establecidos para personas con discapacidad, pero los enfoques y los resultados que se generan, no se reportan como se plantea desde la Convención, porque los recursos que se destinan son insuficientes para asegurar su funcionamiento, además, se conciben desde un modelo asistencial, en el que hay escasa participación de los interesados.
El Conadi ha girado a ministros, secretarios y responsables de las instituciones de Estado, un oficio para requerir la información que se indica, no solo para motivar el compromiso de la institucionalidad pública en el abordaje del tema, de manera sostenible, sino también para atender como corresponde las observaciones de la ONU, así como la promoción de esfuerzos de país que garanticen la inclusión de todos sus habitantes, en igualdad de condiciones y oportunidades.
