La probidad y la rendición de cuentas ha sido desde el principio de esta administración un eje transversal en todas las políticas para la ejecución de fondos públicos. Con ello se pretende recuperar la confianza de los guatemaltecos en sus instituciones, las cuales implementan ahora
mecanismos nuevos que coadyuvan a la claridad de los procesos para obtener bienes y servicios que el Estado necesita para funcionar.
Entre estas modalidades se encuentran la Subasta Electrónica Inversa (SEI) y Contrato Abierto, que requieren de un precio de referencia establecido por el Instituto Nacional de Estadística. Esta entidad hace una investigación profunda sobre las características de los artículos solicitados, para determinar el valor de mercado que se debe pagar por ellos.
En estos métodos las empresas participantes ofertan las distintas mercancías que pueden ser demandadas a través de concursos publicados en el portal Guatecompras, a petición de dos o más entes. Antes de ello se lleva a cabo la fase preparatoria, que consiste en la elaboración de las bases, las cuales incluyen, entre otros aspectos, las especificaciones de cantidad y calidad de los insumos que se comprarán. Finalmente, se adjudica a la que haya aportado el costo más accesible.
Gracias a ello, el Gobierno de Guatemala logró un ahorro de un 46 por ciento en la adquisición de papel por medio de la SEI, y de gases médicos hospitalarios, por la segunda modalidad mencionada. Los eventos se adjudicaron por Q74.4 millones, Q63.4 millones menos que los Q137.8 millones que se establecieron como precio de referencia.
Estas medidas son posibles, después de que el año pasado el presidente Jimmy Morales instruyera al Ministerio de Finanzas para hacer una serie de reformas para transparentar las compras estatales, en el marco de una política de Presupuesto Abierto, que ha dado paso a modernizar este sistema que por muchos años se mantuvo en la discrecionalidad de cada institución, lo cual permitía la sobrevaloración y baja calidad de los productos. Esto afectaba no solo las arcas nacionales, sino a los usuarios que deberían beneficiarse con ellos.
De esa cuenta, se contribuye a garantizar la optimización de los servicios a la población y a contar con más recursos para invertir de forma adecuada los impuestos de los contribuyentes.
