Debido a que el 30 de marzo concluyó el período de trabajo de tres relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso de la República, analiza las ternas que presentará ante el pleno para elegir a los titulares y suplentes que
ocuparán las vacantes.
La convocatoria se hizo el 13 de febrero, cuando la diputada Patricia Sandoval, quien preside la instancia, informó que recibirían la documentación de los candidatos hasta el 17 de ese mes, habiéndose recopilado 32 expedientes.
De ese total, 10 fueron descartados por papelería incompleta, 4 tuvieron faltas presentadas por organizaciones de sociedad civil, 2 desistieron su candidatura y 5 tenían investigaciones en el Ministerio Público, por lo que no fueron tomadas en cuenta, y permitió seguir en el proceso. Lo anterior deja en competencia a 16 personas.
Aspirantes
Juan Orlando Velásquez, de la Dirección de Investigación de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, dijo que los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos, como conocimientos y práctica en el tema.
El diputado Rónald Arango comentó que los postulantes deben tener experiencia en defensoría de los derechos humanos, conocer los instrumentos internacionales, leyes del país, y valor para denunciar los malos tratos en los penales.
En la tabla de gradación, que servirá para evaluar a los participantes, se califican 4 categorías, siendo la más importante los méritos profesionales, con una calificación no superior de 60 puntos. Se solicita experiencia laboral mínima de 4 años en temas de derechos humanos; formulación de políticas públicas o propuestas de legislación; relación con funcionarios o instituciones, y experiencia en dirección de instituciones o coordinación de equipos.
Las demás categorías, con las que deberían llenar el resto de los puntos hasta llegar a un máximo de 100, están conformadas por formación académica, principalmente en áreas humanísticas, sociales o jurídicas; proyección humana, como voluntariado e involucramiento activo en la sociedad, y tener méritos éticos.
Carmen Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, cree que estos requisitos generales mínimos deberían ser suficientes para crear un perfil idóneo, lo cual tendría como resultado la elección de relatores adecuados y dispuestos a llevar a cabo el trabajo.
Ibarra espera que cualquiera que sea electo “realice una excelente labor, desempeñe las obligaciones que la Ley demanda y se aparte de las malas prácticas”, para asegurar que sus funciones cumplan su cometido y defiendan los
derechos de los aprehendidos.
Obligaciones
Los relatores contra la tortura deben asumir el compromiso de prevenir toda práctica inhumana dentro del territorio nacional, y, mediante mecanismos no judiciales preventivos, hacer visitas in situ periódicas a los lugares de detención, que pueden ser programadas o sorpresivas. Estas visitas se llevan a cabo en los diferentes centros de privación de libertad, detención, rehabilitación o reeducación socioeducativa, sean públicos o privados.
