El Congreso integró una mesa técnica para rediscutir la propuesta.
Más del millón y medio de habitantes de Guatemala, serían beneficiados si por fin el Congreso de la República aprueba la ley marco sobre discapacidad, propuesta elaborada después de 5 años de intenso trabajo, en las que las organizaciones representativas del sector dieron sus aportes, con la esperanza de alcanzar un mejor país para todos, a la luz de instrumentos de derechos humanos adoptados por el Estado guatemalteco, una recomendación dada también por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el 2016.
Se logra la formulación de una propuesta de ley que plantea retos para el país: asignación de presupuestos para la ejecución de programas en las diferentes instituciones de Estado, según naturaleza de servicio y competencias de cada entidad; importación de equipos y dispositivos de apoyo para las distintas condiciones de discapacidad; y establecimiento de cuotas de inclusión laboral, tanto en el sector público como el privado.
Se regula, asimismo, la certificación de la discapacidad, para que en función de ello se planifiquen los apoyos que requiere una persona; la reforma a una serie de leyes para viabilizar el ejercicio pleno de derechos, y el otorgamiento de un bono a las personas en situación de extrema pobreza, tema que llevó a algunos legisladores a detener la discusión de la ley en su tercer debate, aduciendo que previo a su aprobación final por artículos, debía conocerse el costo y origen de los fondos para su implementación.
Inclusive, la Junta Directiva del Congreso procedió a integrar una mesa técnica para rediscutir la propuesta en algunos artículos, espacio en el que se contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, directivos del Conadi, legisladores nombrados por las autoridades de dicho órgano de Estado y, los miembros de la Asociación para el Desarrollo Legislativo, que ha prestado apoyo en todo el proceso de la ley.
Analizar la viabilidad de la ley desde, lo económico, es a lo mejor un hecho valedero, pero el asunto debe verse mucho más allá, porque esta propuesta está formulada en concordancia con compromisos adoptados por el Estado; además, los beneficios que se plantean se dan para asegurar la inclusión de la población con discapacidad a la vida productiva del país, que al final generará mayores y mejores condiciones para el desarrollo integral de un ser humano.
Detener la discusión de la ley por situaciones económicas y hasta retirar de la misma toda idea que sugiera costos para el país, asunto que desafortunadamente ha sido avalado por algunas organizaciones, no es una buena actitud para quienes decimos defender la causa de las personas con discapacidad, tema que empieza a ser discutido por las asociaciones del ámbito local, porque se está negociando con las necesidades más sentidas de una población históricamente olvidada, que ahora plantea algo irrenunciable.
