El Tribunal C de Alto Impacto programó para enero de 2018 el desarrollo del debate por el Caso Agua Mágica, en el cual se acusa a la exvicepresidenta Íngrid Roxana Baldetti y a 12 más, entre ellos su hermano Mario Alejandro, de integrar una estructura que, según se cree, obtuvo de manera irregular el proyecto para sanear el lago de Amatitlán para estafar al Estado.
Para febrero de 2019, el Tribunal A de Mayor Riesgo tiene previsto conocer el proceso que acusa a Adolfo Vivar Marroquín, exalcalde de Antigua Guatemala, quien es señalado de cometer actos de corrupción durante su gestión, y junto a él son señaladas 12 personas más.
En los pasados cinco años se ha intensificado el trabajo del Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación y del Organismo Judicial, lo cual ha permitido pesquisas profundas y sentar en el banquillo de los acusados a exfuncionarios de Gobierno, exdiputados, empresarios, extrabajadores estatales y personas civiles.
Procesos paralizados
A la fecha hay nueve casos de alto impacto que están paralizados debido a que los expedientes judiciales no logran avanzar por acciones jurídicas que prolongan el desarrollo de las audiencias de etapa intermedia y presentación de medios de prueba. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, refiere: “Los plazos establecidos en ley se han respetado en todos los procesos por parte del MP”.
En el expediente del litigio Negociantes de la Salud, se asegura que 14 personas supuestamente integraron una red criminal que operaba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en la que aparentemente operadores externos acudían a proveedores de medicamentos, con el propósito de suministrar fármacos para esa institución.
La Línea
El ente investigador aseguró que cuenta con interceptaciones telefónicas, estados financieros y la declaración de 2 testigos protegidos, que fortalecen la imputación contra 62 personas.
