En un inicio no se entendía por qué la dirigencia magisterial se oponía a que se divulgaran los avances en la discusión del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, la cual comenzó el 29 de febrero entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (Mineduc).
No obstante, cuando comienzan a trascender las exigencias del STEG —que van más allá de la defensa laboral— se comprende por qué demanda que haya hermetismo y que la ciudadanía honrada no se entere de lo que se negocia.
Como bien señalan exfuncionarias y expertos en el tema consultados por el Diario de Centro América, corresponde a los sindicalistas representar a los trabajadores y al Mineduc definir las políticas educativas, programas, contenido de los libros de texto y uso de los recursos en temas de tecnología, entre otros aspectos, pero no atar esta discusión a un tema laboral. No hay razones, legales ni éticas que permitan que el Mineduc ceda o comparta sus atribuciones, pues el artículo 154 constitucional señala claramente que la función pública no es delegable.
Mientras el STEG pelea porque el nuevo convenio regule y norme sobre determinados programas, como el del Seguro Médico Escolar que jurídicamente ya no existe, las actuales autoridades tienen claro que eso no es posible porque fue derogado según el Acuerdo Ministerial 36-2024 que a su vez creó el Programa de Salud Escolar ahora a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Es correcto que el pacto establezca horarios de trabajo, extensión de las jornadas, descansos, beneficios económicos y procedimientos que impliquen mejoras para miles de docentes, ya que su labor es en extremo importante, puesto que son quienes forman a las nuevas generaciones.
Sin embargo, legalmente no es posible que un documento de esta naturaleza esté por encima de la autoridad que las leyes les confieren a los ministros para modificar o suprimir programas de los que se les dio uso clientelar y que fueron cuna de actos corruptos que llevaron al enriquecimiento de unos cuantos.
La defensa de la legalidad, del Estado de derecho y del buen uso de los recursos de todos los guatemaltecos que han sido entregados con sus impuestos, es prioridad en el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y no ceder a las presiones de un gremio que sobrepasa las demandas a las que tiene derecho, es parte de la responsabilidad de la ministra de Educación, Anabella Giracca.
