En medio del recato que le caracteriza, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, envió ayer un par de mensajes. Aunque el funcionario no señaló a nadie, es fácil deducir quiénes son los destinatarios.
Las consideraciones de Díaz surgen en el marco de la ampliación de las pesquisas que el ente recaudador efectúa en el caso denominado B410, que evidenció un sistema que defraudó 300 millones de quetzales al fisco, durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. En dos platos, el responsable de la SAT informó que se interpusieron denuncias contra 206 empresas, las que se suman a las 35 iniciales.
Además, detalló los avances que permitirían llegar a los autores que ejecutaron los robos, así como a aquellos que tuvieron la planificación de los saqueos. Treinta compañías inhabilitadas para emitir facturas, 32 que no tienen acceso al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y el decomiso de 106.4 millones de quetzales y 440 mil dólares son las cartas que presenta la Superintendencia.
Tras la presentación de estos números, Díaz lanza el primer llamado. Urge emitir órdenes de captura. La lógica del aludido, misma que comparte la mayoría de guatemaltecos, es que ello permitirá entrevistar a los presuntos culpables, para que cuenten quiénes los contactaron y por qué. Y agrega: “Mientras eso no suceda tenemos delimitado nuestro campo de acción”. Cuánta razón y lógica tiene.
El otro golpe llega cuando refiere los amparos provisionales recibidos por 10 firmas señaladas (una medida fue revocada), las que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria permite continuar operando, pese a su presunto accionar en el fraude.
“No podemos permitir que una compañía que se ha quedado con el IVA siga trabajando”, advierte, previo a concluir que eso hace presumir que continúe quedándose con los impuestos. No cabe duda de que Díaz tiene razones de sobra para exigir que las instituciones asuman sus responsabilidades y dejen de proteger a ese pacto de corruptos que se atrinchera en un barrio de la zona 1.