Para la diputada Laura Marroquín, electa por el partido Semilla, el informe de la Alianza por un Congreso Eficiente muestra la manera en que algunos partidos que han gobernado, representados en el Organismo Legislativo, han “torpedeado” el trabajo del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Para argumentar su criterio, la parlamentaria cita que solo el anterior ministro de Salud, Oscar Cordón (renunció el 12 de junio pasado), atendió 331 requerimientos, lo que hizo imposible que se concentrara en sus responsabilidades. Adicionalmente, advierte de situaciones parecidas que atraviesan otros integrantes del Gabinete, lo cual, concluye, paraliza la función pública.
Entre las conclusiones del citado grupo, compuesto por las organizaciones Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida y Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, destaca que los representantes del pueblo utilizan más tiempo en convocar funcionarios e inquirir al Ejecutivo, que en el análisis de iniciativas que promuevan las mejoras sociales y económicas que necesita el país.
Además, vislumbran que en el segundo semestre del Legislativo se pueda abusar del derecho de interpelación, lo que redundaría en mayores retardos en el Gobierno.
Las democracias, sistema que impera en Guatemala gracias a la oposición social a la intentona golpista que surgió tras las elecciones generales de 2023, definen claramente las funciones de los Organismos del Estado y muestran, con mucha claridad, el papel de cada uno para conseguir el bienestar total de los ciudadanos.
De esa cuenta, sería torpe cuestionar el papel fiscalizador de los diputados, siempre y cuando ese derecho, como todos los demás, no limite o impida funciones consagradas en la Constitución Política de la República, como pareciera suceder cuando se interpreta el informe de la Alianza.
Además, conviene que los diputados, antes de ordenar casas ajenas, arreglen la propia, y noten que su ejecución presupuestaria a mayo era la más baja de los últimos cinco años, que 14 de las 38 salas no recibieron proyectos de ley y que de los 12 decretos solo dos vinieron del actual Pleno.
Sí, los pesos y contrapesos son indispensables para el funcionamiento respetuoso y efectivo de las instituciones, pero cuando se utilizan para otros fines debe reprobarse y, por el bien del país, exigir que sea corregido.
