lunes , 25 noviembre 2024
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El desastre vial heredado roza lo perverso y criminal

La descripción que hace el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, de la red vial del país es clara y contundente. Según el funcionario, el país vive, valga el término, una “tormenta perfecta” producto de irresponsabilidades de anteriores administraciones como el abandono de puentes y carreteras,
poco mantenimiento y pésimas construcciones, sumado a la actual imposibilidad del Estado
para ejecutar los recursos de los que dispone ante la ausencia de partidas presupuestarias que avalen legalmente la inversión.

En una cita de trabajo en el Congreso de la República, el funcionario describió el desastre del sistema de conexión terrestre heredado por los últimos gobiernos, el cual priorizó el saqueo de fondos públicos.

Alvarado destacó que la época de lluvias apenas comienza y aunque los aguaceros no son extremos, las carreteras ya resienten los daños. Lo ocurrido en el tramo ubicado en el kilómetro 44 de Palín, Escuintla, y en el puente Colorado, El Progreso, Jutiapa, dimensionan los estragos que las precipitaciones pueden causar en infraestructuras que, en apariencia, no tuvieron los diseños, trabajos y mantenimientos que las condiciones ameritaban.

La debacle se termina de complicar por los términos de los contratos suscritos, los cuales dejan en clara desventaja al Estado y en franca superioridad a los contratistas. Si esto fuera insuficiente, hay que recordar que en la actualidad el Organismo Ejecutivo cuenta con los fondos para atender la emergencia, pero no puede invertirlos puesto que necesita que el Congreso autorice las partidas que legalicen los desembolsos.

La emergencia que atraviesa Guatemala requiere acciones prontas y compromisos serios de funcionarios, políticos y parlamentarios. Aprobar el Estado de Calamidad que permita prevenir desastres mediante la rápida intervención de la infraestructura que lo requiera y disponer de fondos para reparar la que se desplome es el primer paso.

El segundo, de capital importancia, es que se persiga y castigue a los responsables de estas perversidades, cuyos nombres y rostros son altamente conocidos, aunque, al parecer, muy cuidados por jueces y fiscales.

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