Más allá de la seriedad poca técnica y financiera con que el anterior gobierno y la legislatura pasada aprobaron el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, hoy conviene centrarse en el compromiso que asumió el Estado y la necesidad de que sus organismos, en particular el Congreso y el Ejecutivo, honren una ley vigente que no tiene presupuesto, pero sí miles de beneficiados, quienes, por derecho, esperan recibir los desembolsos que se negociaron.
Insistimos, un análisis cronológico del proceso de aprobación permite hacer algunas lecturas que podrían cuestionar el verdadero fondo del proyecto. En primer lugar, la iniciativa la presentó Alejandro Giammattei el 5 de mayo de 2022 (año preelectoral); el 10 de mayo la conoció el Pleno del Legislativo (dominado por la bancada oficial y sus aliados); el 13 de junio tuvo dictamen favorable y el 12 de octubre se aprobó. Más o menos cinco meses tardó el procedimiento parlamentario.
En la Ley, los diputados dejaron en manos del Ministerio de Finanzas conseguir los recursos (por medio de ampliaciones, saldos de caja o financiamientos disponibles) para resarcir a los más de 44 mil veteranos registrados, que apoyaron al Ejército durante el conflicto armado interno (1960 a 1996), beneficio que consiste en 36 pagos de 1 mil quetzales mensuales.
Luego de publicarse el reglamento respectivo, el 21 de marzo de 2023, en pleno período electoral, que por cierto perdió el candidato de Giammattei, se hizo el primer abono, los que continúan gracias a pericias que ha hecho la cartera del Tesoro, dado que no existe una partida para el efecto.
En estos momentos, mantener la palabra ofrecida tiene una salida práctica y sencilla: que el Pleno del Congreso, donde el anterior partido oficial y sus allegados mantienen un alto número de votos, apruebe la propuesta del Ejecutivo de aumentar en 14 mil 451 millones de quetzales la inversión social definida en el presupuesto 2024, cifra que, valga decir, se subvencionará con una mayor recaudación. En fin, los compromisos de Estado implican acuerdos de honor que nadie debería evadir.
