El llamado es oportuno y sensato. Aunque pareciera innecesario, siempre es bueno recordarle a las autoridades de los distintos organismos del Estado que el país ha suscrito tratados internacionales en los que ha asumido el compromiso de posponer los desalojos, en caso existan condiciones humanitarias que deben priorizarse, como ocurre en estos días, cuando la nación vive momentos difíciles ante las inclemencias del tiempo.
La batalla por la tenencia de la tierra ha sido una problemática complicada, porque implica el respeto de los derechos fundamentales de obligada aplicación. Sin embargo, las civilizaciones con democracias avanzadas han encontrado en el Estado de derecho el mecanismo ideal para solventar las diferencias.
Lamentablemente, en Guatemala se perdió la independencia judicial y tenemos un sistema cooptado por las mafias, que dejó de ser imparcial y se convirtió en un instrumento de politiqueros que buscan generar enfrentamientos e ingobernabilidad.
Desde esa óptica conviene analizar la denuncia planteada por Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una organización cuya base la integran agricultores, indígenas y dirigentes del sector popular. Según Pascual, en 2024 se han realizado 15 desalojos y existen otras dos órdenes emitidas por tribunales que tienen competencia.
Dados los antecedentes en el trabajo de algunos jueces y magistrados, que han liberado a exfuncionarios que saquearon el erario, y a la postura asumida por el Ministerio Público (MP), que cierra los ojos ante las denuncias de corruptela, no es impropio pensar que estos mismos togados y fiscales cierren filas en procura de crear enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las familias afectadas.
De esa cuenta, conviene exhortar a la prudencia y a recordar que somos un pueblo más maduro, que a fuerza de golpes ha conocido su historia, que sabe identificar a quienes quieren dañar y a los que buscan el desarrollo integral e inclusivo.
