Las conclusiones que se obtienen tras las consultas realizadas a expertos en derecho y analistas políticos deben preocupar a los guatemaltecos, porque implican que el Ministerio Público (MP) promueve un plan que busca generar temor entre sus opositores, en especial contra aquellos que demandan que se
investiguen los casos de supuesta corruptela cometida en el período de Alejandro Giammattei.
Los términos empleados por las personas a las que se entrevistó evidencian la intranquilidad que se está generando, dada la persistencia del ente investigador de concentrar sus esfuerzos en quienes considera sus rivales de ocasión.
En síntesis, los analistas utilizan palabras como amedrentar, intimidación y perseguir, para ponerle nombre a las acciones del MP y se recuerda que, en su momento, fiscales a las órdenes de Consuelo Porras intentaron revertir los resultados de los comicios presidenciales, lo que conllevaba pasar sobre la voluntad popular y generar ingobernabilidad.
En esta ofensiva se han abierto procesos a defensores de los derechos humanos y periodistas, sin olvidar a dirigentes del partido Semilla, incluidos el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera. Aunque el llamado a la cordura y al respeto del Estado de derecho es imprescindible, también es cierta la posibilidad de que la exhortativa vuelva a caer en saco roto, dado que la citada funcionaria y sus subalternos tratan de autoprotegerse y evitar una eventual cita con la justicia.
En este sentido, conviene resaltar la segunda coincidencia que surgió después de las consultas con los expertos, la cual señala la necesidad de que el Congreso de la República conozca y, eventualmente, avale la reforma a la Ley Orgánica del MP propuesta por el jefe de Estado, la cual abriría el camino para el retiro de Porras.
De lo contrario, advierten los mismos entrevistados, los diputados, funcionarios, empresarios y ciudadanos en general corren el peligro de convertirse en presas de una institución que, al parecer, perdió el control y la sensatez.
