La batalla que las instituciones encargadas de investigar los crímenes que afectan el patrimonio de ciudadanos y empresarios guatemaltecos no solo ofrecen resultados, sino también muestra rostros y números.
Solo en los 88 allanamientos efectuados ayer por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se identificó a 36 presuntos involucrados en extorsiones y robo de automóviles, quienes fueron conducidos a los tribunales de justicia para que respondan a las imputaciones.
Desde inicios de la actual administración se han desarrollado estrategias que buscan evitar los chantajes, las cuales han permitido descensos importantes en la materia. Por ejemplo, la semana pasada, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) divulgó un informe en el cual advierte que los delitos contra la propiedad (que incluye asaltos a furgones con mercancías y asaltos a residencias) se redujeron 3.6 por ciento en abril de 2024, comparado con los registros de marzo recién pasado.
Además, el mismo documento se anota que la tasa de homicidios a abril cerró en 16.1 por cada 100 mil habitantes, la cual es menor a la de abril de 2023, ubicada en 16.7, una diferencia
reflejada en vidas salvadas.
En cuanto a los chantajistas y asesinos, el Ministerio de Gobernación (Mingob) ha refrendado que seguirá realizando requisas en las cárceles, de donde se ha constatado que surge la mayoría de planes contra connacionales y empresarios.
Claro, en esta batalla valiente es imprescindible la presencia y participación del MP y de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), instituciones que, con valentía y agilidad, deben evitar que los delincuentes vuelvan a las calles y sigan atemorizando a los compatriotas cuyo esfuerzo aporta al crecimiento personal y colectivo.
En fin, enfrentar estos flagelos es una lucha que pareciera interminable, pero que, seguramente, deja la satisfacción del deber cumplido.
