viernes , 22 noviembre 2024
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Una propuesta de aumento de gastos que prioriza la probidad

La iniciativa de ley de incremento presupuestario 2024 que presentó el Organismo Ejecutivo, ayer, ante el Congreso de la República evidencia las convicciones que mueven al presidente Bernardo Arévalo y a la vicemandataria Karin Herrera en cuanto a impulsar el desarrollo social y económico inclusivo.

La propuesta, que asciende a 14 mil 451.7 millones de quetzales, incluye condiciones que aseguran la probidad en el uso de los fondos y la rendición de cuentas, valores que priorizan el binomio y el Gabinete.

Adicionalmente, el anteproyecto también promueve en los artículos 5 y 8 el rendimiento de los fondos en la Obra Pública y medicamentos, al facultar al Gobierno para que suscriba contratos con organismos internacionales para que supervisen los proyectos y provean fármacos, suministros e instrumentos médico-quirúrgicos a costos más accesibles, de calidad comprobada y en tiempos prudenciales.

Otro elemento que debe destacarse son los 1 mil 841.6 millones de quetzales que se asignan a la Ley de Atención Integral del Cáncer, normativa aprobada por la actual legislatura, la cual, de momento, no dispone de recursos para atender a los enfermos.

El fortalecimiento que propone para el sector de Seguridad, Defensa y Justicia va en sintonía con la lucha contra la corrupción y el establecimiento de un Estado de derecho que busca el Gobierno.

En este sentido, otorga 4 mil 516.7 millones a este sector, fondos que favorecen al Ministerio Público con una concesión de 1 mil 919.2 millones, gesto que comprueba que el rechazo del jefe de Estado a la negativa de la Fiscal General de combatir la corruptela no se traslada a la institución, la cual debe ser uno de los bastiones de la gobernabilidad del país.

Finalmente, conviene destacar que la iniciativa de aumento del gasto excluye la posibilidad de mayores endeudamientos, puesto que los fondos solicitados se financiarían con ingresos fiscales y saldo de caja, y prevé el incremento de los aportes ordinarios y extraordinarios a los consejos departamentales, con lo cual se estimularía la prosperidad individual y colectiva de las comunidades.

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