La muerte de Jorge Sebastián Pop Chocooj, más conocido como Farruko Pop, ha conmovido a buena parte de la sociedad guatemalteca, dada la popularidad y el carisma del cantante, y la forma tan alevosa en que ocurrió el acontecimiento.
De esa cuenta, conviene valorar la eficiencia y rapidez del trabajo realizado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), que inició la búsqueda que concluyó con el lamentable descubrimiento del cadáver del joven, así como el posible vínculo de cabecillas del Barrio 18 con el asesinato.
Además de sus condolencias, el Diario de Centro América condena el crimen y confía en que los autores materiales y los posibles ideólogos del hecho sean capturados, llevados ante los tribunales de justicia y sometidos a los castigos de ley, como debe pasar con el resto de atentados contra la vida.
Como es lógico en estos casos, la percepción sobre la inseguridad ciudadana se incrementó y los connacionales comienzan a cuestionar la labor del Gobierno y del Ministerio de Gobernación (Mingob), algo que pareciera injusto cuando ese sentir de aumento en los índices de homicidios y robo de furgones, residencias y automotores es insostenible, cuando se confronta con los registros oficiales y privados, que advierten de disminuciones en ambos rubros.
El camino por alcanzar niveles de seguridad y bienestar social es complicado, y no solo porque implica enfrentar a bandas organizadas nacionales y externas, sino porque se lucha contra sectores que abogan por la ingobernabilidad y el fracaso del Gobierno, por considerar que es el sistema que facilita sus fechorías y les mantiene impunes.
Sin embargo, tanto criminales como políticos y empresarios de cuello blanco y conciencia negra olvidan que el Organismo Ejecutivo ya no está bajo su control y que, lejos de ello, se comprometió a alcanzar un Estado de derecho y una democracia que responda a los intereses y beneficios de las grandes mayorías.
