A nadie asombran, pero los pagos del Gobierno anterior por obras inconclusas, de mala calidad o sobrevaloradas siguen apareciendo. Escuelas, hospitales, centros de salud y ahora hasta museos, son obras que revelan los negocios multimillonarios de los exgobernantes para vaciar las arcas del Estado y llenar los bolsillos de sus funcionarios.
Para quienes hemos sido testigos de la voraz corrupción de los gobiernos posfirma de los Acuerdos de Paz en 1996, ya nada nos sorprende.
A diario, con solo revisar los listados de obras adjudicadas y salir al campo a comprobar su ejecución, brotan indicios descarados de engaño o corrupción.
Hoy, este medio devela una de tantas de esas maniobras que han conducido al desprecio por el erario público y la burla hacia los guatemaltecos. Se trata de la construcción del Museo Caracol del Tiempo, que deja sin palabras a propios y extraños.
Esta obra, construida en El Asintal, Retalhuleu, demoró años en concretarse, pero finalmente fue inaugurada el 21 de diciembre de 2023, en el período de Alejandro Giammattei.
Se abrió al público para apreciar la diversidad de piezas arqueológicas que guardan tanta riqueza del sitio Tak´alik Ab´aj, declarado, incluso, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Al parecer, todo transcurría bien, pero apenas comenzó la temporada de lluvias en la región, el museo debió cerrarse al público, debido a filtraciones de agua que pusieron en riesgo las piezas. También fue retirada la mayor parte de los atractivos arqueológicos.
Para sorpresa de todos, las medidas fueron tomadas porque comenzó a filtrarse el agua de las lluvias por la losa del techo y poner en riesgo el museo.
La obra adjudicada durante la gestión de Felipe Aguilar, como ministro de de Cultura y Deportes a la empresa J.P., Sociedad Anónima, costó 18.1 millones de quetzales. Según el portal Guatecompras, desde 2005, la constructora ha recibido contratos por 445.7 millones.
Hoy, J.P., Sociedad Anónima, aduce que el problema es del cemento utilizado por una tercera compañía. Cierto o no, el caso es que es evidente que las instalaciones fueron mal construidas y quién sabe cuánto se movió bajo la mesa. El país no puede seguir con esas prácticas que han enriquecido, de manera ilegal, a una minoría y empobrecido a la mayoría de guatemaltecos.
