El femicidio no ha recibido el tratamiento adecuado en Guatemala; al menos es lo que reflejan las cifras. A pesar de que existe una ley que establece acciones para frenar el fenómeno, este no ha sido una prioridad. Existe una percepción de que las instituciones que conforman la cadena de prevención e investigación de asesinatos bajaron la guardia, a pesar de los clamores sociales que exigen garantías para la vida, especialmente de las mujeres.
Un estudio de la organización Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) revela que nuestro país es el segundo de Latinoamérica, después de Brasil, con más muertes violentas de
mujeres en la región.
El análisis señala que el año pasado fueron asesinadas en nuestro territorio 601 féminas, 33 más que 2022. El 68 por ciento de estos crímenes los cometieron exparejas o
parientes de las víctimas.
De 2008 a diciembre de 2023 se cometieron 2 mil 469 femicidios en nuestro territorio, pero, en ese lapso, solo 615 hombres recibieron sentencia. Ello refleja que la mayoría de estos asesinatos en Guatemala queda en la impunidad debido al débil sistema judicial, detalla otro informe elaborado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, al final del túnel se vislumbra una esperanza, y es el compromiso manifiesto de las autoridades de turno, quienes asumieron la tarea de velar por el respeto a los derechos humanos del sector femenino.
El acto de disculpas públicas por el crimen de Claudina Isabel, estudiante de derecho asesinada en agosto de 2005, es un gesto que refleja el interés de los funcionarios del Ejecutivo en retomar la obligación del Estado de proteger y garantizar la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.
