Un mes después de que las anteriores autoridades del Organismo Ejecutivo dejaran sus cargos, los guatemaltecos observan, atónitos, cómo se van descubriendo los negocios turbios que permitieron el asalto de las finanzas públicas, los cuales, valga decir, eran secretos a voces imposibles de ocultar, por el cinismo con que se perpetraron.
Esa especie de política de Estado, que nació 12 años atrás, pero que alcanzó su plenitud en la gestión anterior, no solo permitió el surgimiento de millonarios de ocasión, sino que, lo más grave, desatendió las necesidades más urgentes de los connacionales y provocó el empobrecimiento absoluto de aquellos a quienes se debiera atender y ayudar.
Para evidenciar la gravedad del asunto, basta leer las noticias surgidas ayer en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el puente Belice II y en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). En el primero, que mueve a la cólera, se constató el deterioro de la terminal aérea y el supuesto libertinaje que imperaba en el aterrizaje de aeronaves. Lo conocido sobre los pagos del puente también llora sangre.
En esta construcción se constataron anomalías en el diseño que, por lo menos, muestran la incompetencia de quienes lo tuvieron a su cargo. Según se sabe, no se tienen los derechos de vía pertinentes y tampoco se tomaron en cuenta los postes de alta tensión que dificultan la edificación, pese a que se pagaron 50 millones de quetzales por los planos.
Finalmente, hay que citar las sospechas detectadas en la emisión de permisos de extracción de arena en la delegación del MARN de Chimaltenango, los cuales se emitían sin los estudios de factibilidad pertinentes. Además, conviene referir las denuncias, recientemente, presentadas por la construcción de puentes y carreteras o contra el Seguro Médico Escolar.
En fin, presenciamos lo que parece un saqueo de altas dimensiones, producto de la indecencia de quienes llegaron para robar, envalentonados por la impunidad que se procuraron.