Las continuas dudas que las anteriores autoridades gubernamentales generaron en torno al correcto uso de los fondos públicos obligan a la nueva administración a verificar el cumplimiento de los contratos y confirmar si la calidad y ejecución de las obras corresponde al dinero erogado por el Estado.
En este marco, llama la atención el ejercicio realizado ayer por la encargada del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, quien supervisó tres acuerdos concedidos por su antecesor.
En síntesis, la fiscalización aumentó las sospechas que existen sobre estos y otros negocios otorgados por el Organismo Ejecutivo en 2020-2023, lo que hace imprescindible presentar las denuncias respectivas y continuar con las auditorías que permitan confirmar o desmentir las conjeturas que existen sobre actos de corrupción cometidos al más alto nivel durante la administración pasada.
En el kilómetro 51 de la CA-9, el primero de los puntos visitados por la ministra, se determinó un posible incumplimiento de contrato, dado que los trabajos efectuados por la empresa designada para eliminar la garita de peaje Sur-Norte de la autopista Palín-Escuintla no responden a las expectativas del CIV. Los otros dos recorridos de De la Vega tampoco fueron satisfactorios.
En el kilómetro 17.5, la desconfianza nace ante el valor de uno de los dos puentes (40 millones de quetzales) que permitirá rehabilitar el paso por una carretera que es determinante para la economía del país.
La situación del paso a desnivel que se construye sobre la 53 calle y avenida Petapa, zona 12 de la ciudad capital, también es causa de cuestionamientos, en especial, por el avance del 40 por ciento que registra una estructura asignada en 2022. En fin, pareciera que estamos próximos a confrontarnos con una realidad que ya nos imaginábamos: el saqueo voraz de los fondos públicos.
