Uno de los más firmes y claros compromisos asumidos por las máximas autoridades de la actual administración gubernamental ante los guatemaltecos es el combate inmediato contra la corrupción, como paso previo para rescatar la institucionalidad del Estado e impulsar mecanismos que prioricen la transparencia y la decencia en el uso de los fondos públicos.
Los principales interesados en honrar ante los compatriotas este deber moral y político son el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, quienes están conscientes que la depuración del Gobierno es el mayor reclamo de los connacionales, quienes han visto con tristeza la manera descarada con la que se han enriquecido funcionarios y representantes electos en las urnas.
Las más recientes pruebas del interés de los dignatarios de limpiar las dependencias ocurrieron ayer, cuando fue destituido el Director de Aeronáutica, alguien que ha generado dudas en cuanto al manejo del erario, y la cancelación temporal del Seguro Médico Escolar, programa que no cumplió con las expectativas de cobertura y calidad que demandan las necesidades de los estudiantes.
En este marco de ideas, conviene recordar las auditorías forenses ordenadas en ministerios y secretarías, así como la cancelación de disposiciones que solo implicaban beneficios para quienes tenían a su cargo despachos o direcciones estatales, tal es el caso del uso abusivo de vehículos o viáticos, los cuales no representaban mejoras en las condiciones de vida de los compatriotas.
Si bien la depuración de los servicios públicos es una tarea titánica y, de momento, en solitario, es preciso resaltar que la colaboración que reciben Arévalo y Herrera de la sociedad civil, pueblos originarios y jóvenes torna imparable este esfuerzo de rescate y construcción de un servicio civil que anteponga los méritos, pero, sobre todo, la honradez y el pudor.
