La decisión del Gobierno de la República, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), de ordenar una auditoría forense en las plataformas digitales de la cartera del Tesoro, responde al compromiso asumido por el binomio presidencial de impulsar la rendición de cuentas y el buen resguardo de los recursos estatales.
La medida, obligada ante las sospechas que ha despertado la “repentina” caída del sistema (la primera, ocurrida el 26 de noviembre pasado y, la segunda, el 12 de enero de este año), busca evidenciar la dimensión de los daños y la vulnerabilidad de las plataformas. De esa cuenta, conviene explicar la medida de las autoridades.
Empecemos por advertir que los ataques, imprevistos o provocados, afectaron herramientas que contienen información clave sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras) y de Contabilidad Integrada (Sicoin), entre otros. Uno de los sitios registra montos y destinos de los impuestos y, el otro, las metas, indicadores de desempeño e ingresos de los planes operativos anuales (POA) de las instituciones públicas.
En síntesis, se trata de portales que evidencian el correcto o incorrecto uso del dinero, los que, dada su trascendencia, no pueden permitirse manipulaciones arteras o interrogantes en torno a la veracidad de los datos. En este sentido, la exposición que hizo la viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, del Minfin, Débora Alvarado, permite tener más certeza sobre las expectativas que se tienen sobre los resultados de la auditoría.
“Para desarrollar la investigación se contará con el apoyo de un organismo multilateral para incrementar la transparencia y certeza en el proceso y de los posibles hallazgos”. En fin, nos encontramos frente a un caso que es preciso resolver, para confirmar o desmentir las apreciaciones que instituciones como Transparencia Internacional y el guatemalteco en general tienen sobre la calidad moral de las antiguas autoridades de Gobierno.
