La actitud asumida ayer por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, ante la junta de Gabinete de Gobierno es digna de análisis y reflexión.
Luego de ser invitada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, para solicitarle información sobre las políticas que el MP está siguiendo en determinados temas, a fin de ajustarlas a las políticas del Gobierno, la funcionaria se resistió a participar en la reunión, argumentando limitaciones legales.
Más allá de la certeza de sus razonamientos, los cuales cuestiona el Organismo Ejecutivo, la Fiscal General debe tener claro que la lucha por implantar un Estado de derecho y una batalla frontal y contundente contra la corrupción requiere el apoyo irrestricto de todas las instituciones, públicas y privadas.
En este sentido, los guatemaltecos, quienes se han expresado contundentemente a favor de revisar contratos y obras de dudosa decencia, esperan investigaciones independientes y no selectivas, que castiguen posibles robos pasados, presentes y futuros.
Es preciso insistir que la misión asumida por el binomio presidencial, en cuanto a identificar y perseguir a quienes se enriquecieron de manera ilegal, es una responsabilidad que nadie va a detener, porque es un requerimiento del pueblo, al que se limitó su progreso y el acceso a servicios esenciales.
De esa cuenta, no debe extrañar la advertencia del Organismo Ejecutivo de analizar las acciones legales que se seguirán contra quienes, lejos de respaldar la demanda de los connacionales, se inventan pretextos que solo levantan sospechas sobre su compromiso con la probidad y la transparencia.
Finalmente, el llamado es a unir esfuerzos y acatar la ordenanza de los ciudadanos de limpiar, de una buena vez, las instituciones públicas.
