La inversión en el desarrollo social es, sin lugar a dudas, la máxima expresión de solidaridad y compromiso que tiene un gobierno con sus ciudadanos; sobre todo, cuando factores externos impactan la economía de miles de familias que perdieron trabajos o sienten los efectos inflacionarios que trajo consigo la invasión de Rusia a Ucrania.
Los vientos desfavorables causados por este enfrentamiento bélico, más los recortes en los sistemas de producción o el encarecimiento de los productos que generaron las medidas restrictivas que debieron aplicarse para enfrentar el Covid-19, han tenido repercusiones sin precedentes.
En el caso de Guatemala, estas dificultades se visualizaron como oportunidades para asistir a los connacionales mediante medidas y programas innovadores, pensados y realizados con un solo objetivo: ayudar a los guatemaltecos.
En este sentido, el actual jefe de Estado ordenó el impulso de una serie de acciones en busca de atender las demandas comunitarias. Una de ellas tuvo que ver con ampliar el número de beneficiados del Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, con el fin de llegar a más hogares afectados por los incrementos en los precios de los combustibles.
De esa cuenta, la actual administración, por medio del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), ha invertido Q2134.5 millones para respaldar a 14.3 millones de ciudadanos, quienes corrían el riesgo de perder un servicio vital.
Paralelos a este programa, se crearon varios que llegaron directamente a los bolsillos de los más necesitados. Las Transferencias Monetarias Condicionadas, un proyecto que fue ejemplo en América Latina, fue otra medida paliativa, así como los esfuerzos para llevar alimentos y medicinas a los más necesitados.
Ningún gobierno en el mundo se salva de padecer emergencias como la del coronavirus o la del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, pero los pueblos sí pueden ver una luz de esperanza cuando sus dirigentes se ponen en sus zapatos y se atreven a hacer los cambios pertinentes y correctos.
