Ayer, hace 36 años, fue proclamada la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual dio paso a la transición a la democracia de nuestro país y que, desde entonces, rige a la nación. Los expertos constitucionalistas mencionan que el orden jurídico de un Estado depende por completo de dicha estructura legislativa, por lo que a ella se debe sujetar la ciudadanía y quienes ejercen los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En 1984, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Carta Magna conocida como la Constitución del 85, porque entró en vigor en 1985, y rige hasta nuestros días, aunque ha sufrido modificaciones.
El documento fue redactado luego de los consensos y acuerdos entre las fuerzas políticas del país, lo cual significa que se redactó tomando en cuenta una diversidad de ideas, como un ejercicio democrático.
La crisis política de 1993 dio origen a una consulta popular que se efectuó en 1994, en la que se aprobaron reformas a la Constitución del 85; entre ellas, se incluye la reducción del período presidencial de 5 a 4 años.
Asimismo, la Carta Magna contiene instituciones modernas como la Corte de Constitucionalidad, la entidad máxima que interpreta la legislación.
La magnitud del esfuerzo desplegado por los políticos y los ciudadanos para alcanzar los consensos contenidos en el documento fundacional fue reconocida por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el Decreto 2-86, que establece el 31 de mayo como Día de la Constitución.
Es necesario comprender, entonces, que la Constitución Política de la República es el documento fundamental que suministra los pilares sobre los que se asienta el edificio arquitectónicamente estructurado de la vida de la nación.
