Raúl Figueroa Sarti
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Conocí el poema Vámonos patria a caminar, de Otto René Castillo, cuando se lo escuché declamar alrededor de 1973 al estudiante Neri Espinoza, quien por entonces tendría unos 22 o 23 años. Era un momento en que el movimiento estudiantil y popular se empezaba a recuperar de la brutal represión sufrida en años anteriores. En julio de ese año se produjo la gran huelga de los maestros que desafió al régimen criminal del general Carlos Arana Osorio.
En 1980, luego del asesinato de mi hermano menor (tenía 17 años), salí hacia Nicaragua en donde me volví a encontrar con Neri. De Nicaragua él salió hacia Canadá en donde vivió durante muchos años. Hace pocos años volví a saber de él y me enteré de que se casó con María Eugenia Molina, hermana de mi querida amiga de toda la vida Lucrecia Molina Theissen.
Es urgente que el Congreso nombre una comisión especial que investigue los delitos de Consuelo Porras Argueta.
El 6 de octubre de 1981 miembros del Ejército de Guatemala secuestraron en su casa de habitación al niño Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años de edad. Hoy, Marco Antonio, que tendría 58 años, continúa desaparecido. Por ese hecho en 2018 fueron condenados los militares Benedicto Lucas García, Manuel Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña y Francisco Gordillo.
En los últimos años se ha convertido en práctica común de los abogados que realizan la defensa de acusados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno la descalificación y amenazas de jueces, fiscales, testigos y parte acusadora. De ahí que no haya resultado del todo sorprendente que la abogada Karen Fisher haya tenido la osadía perversa de acusar a Neri Espinoza (74 años) de ser realmente Marco Antonio Molina Theissen (hoy tendría 58 años).
La crueldad implícita en semejante acusación no es de extrañar cuando viene de una persona que tiene como héroes a personas que asesinaron y torturaron durante el conflicto armado. Lo que es absolutamente inadmisible es que el Ministerio Público se sume a semejante patraña y, a pesar de que tal acusación ya fue desestimada, persista en su afán de criminalización a la familia Molina Theissen, convirtiendo a las víctimas en victimarios.
Es urgente que el Congreso de la República nombre una comisión especial que investigue los delitos de Consuelo Porras Argueta. No hacerlo compromete al Estado de Guatemala frente a la justicia internacional.
