Paula Daza
Directora Ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud
Facultad de Gobierno
Cumpliendo con los plazos prometidos, esta semana en Chile conocimos la propuesta de proyecto de ley para una reforma de salud. Hay cambios donde ya sabemos que existen puntos de encuentro como el fin de las prexistencias, un plan universal de beneficios, una prima única y el fin de discriminación por sexo o edad.
Y si sé que hay consenso es porque en los dos últimos años el Senado ha conformado distintos comités técnicos en donde personas con conocimiento en la materia, pero de opiniones políticas opuestas, han sido capaces de sentarse en la mesa, discutir y generar propuestas comunes. Ha sido la Cámara Alta el lugar donde estos informes se han discutido y analizado entre autoridades legislativas, expertos y el Ejecutivo.
Que exista una solidaridad en compartir los riesgos en salud con un único objetivo: justicia.
La última vez fue a principios de septiembre cuando se entregó un informe con tres ejes fundamentales: Plan Universal de Beneficios, gobernanza y quizá el más trascendental: reformas a la operación y financiamiento del sistema de salud enmarcado en una lógica de seguridad social y equidad tanto en el sector público como en el privado.
Este último punto se omitió del proyecto presentado por el gobierno. Decidieron desechar la opción de compensación de riesgo propuesto que, en términos sencillos, permite que los más sanos compensen a los más enfermos. Es decir, que existe una solidaridad en compartir los riesgos en salud con un único objetivo: justicia, para que todos reciban atención y recursos, independiente de cuánto hayan aportado al financiamiento total.
Este modelo se propuso tanto en el sector público como en el privado, pero el gobierno desechó esta idea y en el proyecto obliga a las Isapres al reaseguramiento, el cual no se ha estudiado en su viabilidad y oferta y en sí, su implementación es más compleja porque requiere que haya un solo reaseguro atrás para que exista mutualización entre todos los actores. A pesar de los informes de expertos, el gobierno presenta como proyecto de ley una propuesta en el papel para una reforma trascendental sin asidero técnico.
