En consecuencia, de mi artículo de la semana pasada un estimado lector me pregunta de cuál es la novedad de lo que dice CIDH; “si eso se sabe y de las recomendaciones emitidas como darle seguimiento desde la población indígena para que el gobierno, mas bien el Estado las asuma”. Creo que la novedad está en quien lo dice y desde donde lo dice, ya que en Guatemala los poderes oscuros, corruptos, impugnes e hijos de la colonialidad siguen negando y subestimando las luchas y las voces nacionales e indígenas para no prosperar en la plenitud de vida de los guatemaltecos.
Si bien todos los encargos de la CIDH urgen; existen varios que el ejecutivo puede implementar con urgencia.
En este sentido es fundamental la solidaridad internacional para la construcción de una vida digna y libre, por lo que el Estado/gobierno debe de hacer efectivo las recomendaciones de la CIDH y de otros organismos, provocando transformaciones profundas en el legislativo, en las políticas, en los proyectos y en los programas públicos para generar condiciones reales que permitan superar los flagelos señalados en el último examen de la CIDH.
La coyuntura que vive el país es buena oportunidad para honrar los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, democracia y pueblos indígenas entre otros.
Históricamente la lucha ancestral ha dado muestra que solo organizados y unidos se puede lograr el objetivo, la cual debe fortalecerse con propuestas y acciones de alcance nacional y ampliar la interlocución indígena con liderazgos nacionales y la concreción de solidaridad de importantes sectores no indígenas comprometido con Guatemala pluricultural, el bien común, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas; esto es una buena manera de exigir, monitorear y evaluar la implementación de las recomendaciones.
Si bien todos los encargos de la CIDH urgen; existen varios que el ejecutivo puede implementar con urgencia como la adopción de una política nacional sobre derechos y cumplimiento de los compromisos gubernamentales derivados de los Acuerdos de Paz.
