Rodolfo Zelada
Periodista
Las expectativas por un cambio real en el sistema de justicia en Guatemala, van camino a pasar de la esperanza al desconsuelo. El hecho de que las comisiones de Postulación decidieran aceptar solamente señalamientos respaldados por sentencias firmes y ejecutoriadas, causó resquemor entre observadores del proceso y la sociedad en general.
Es más, el pasado fin de semana las postuladoras, encargadas de seleccionar a los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA), concluyeron la fase de evaluación de objeciones y apenas aceptaron una, cada una, de las decenas presentadas en contra de varios aspirantes.
Ahora la esperanza de los guatemaltecos se centra en la última fase del proceso de postulación.
El consuelo de quienes siguen de cerca el proceso (observadores nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil), es que los señalamientos planteados en contra de quienes se han postulado, incidan al momento de que los integrantes de las comisiones elaboren el listado final que será enviado al Congreso.
Hasta el momento el proceso ha sido objeto de diversas críticas, principalmente por las restricciones en la valoración de denuncias contra los postulantes, toda vez que no existen registros de que alguno de los postulados tenga una sentencia firme, ni siquiera quienes han sido objeto de sanciones por parte de autoridades de otros países, quienes ven que ellos manipulan procesos judiciales a su sabor y antojo, socavando la democracia del país.
En ese sentido, hay quienes piensan que con dicha acción la Postuladora limitó las posibilidades de la acción ciudadana, lo cual ha causado preocupación y rechazo generalizado, ya que, sostienen, no se respetó el espíritu de la Ley de Comisiones de Postulación, al limitar de forma “antidemocrática” la posibilidad de presentar denuncias de impedimento, según publicación en la Página 6 de la edición de Diario de Centro América de ayer.
“Volvieron restrictiva la actividad de presentar denuncias”, sostiene la nota informativa. Y es que la sociedad guatemalteca está consciente de que este proceso de elección es crucial para el futuro de la justicia guatemalteca, ya que, si los magistrados seleccionados son independientes, éticos y comprometidos con la justicia, se fortalecerá la independencia judicial y con ello también la lucha contra la corrupción, tema central de la actual administración gubernamental.
Pero ahora, la esperanza de los guatemaltecos se centra en la última fase del proceso de postulación, en el cual los integrantes de las comisiones se aprestan a elaborar el listado final de candidatos a ocupar las nuevas Cortes.
La expectativa se centra en que para la elaboración de la nómina final los criterios sean equitativos y tomando en cuenta aspectos prioritarios como la ética y trayectoria personal de los
aspirantes.
Tal y como se ha desarrollado el proceso hasta el momento permite a los involucrados presumir que la influencia política podría comprometer la transparencia y la imparcialidad en la selección de los magistrados. Para que esto no ocurra es primordial que las comisiones y los comisionados mantengan la independencia de su trabajo y resistan cualquier tipo de presión externa o interna.
La historia llama a la puerta de los integrantes de las comisiones. Llevan sobre sus hombros el futuro del sistema judicial guatemalteco y de ellos dependerá que el país cuente con magistrados probos y comprometidos con una justicia pronta y cumplida, que sirva a los guatemaltecos con honestidad, transparencia, pero sobre todo, apegada a derecho.
