Sebastián Toledo
Coordinadora de Organizaciones de
Personas con Discapacidad de Guatemala
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, medida que se adopta para reflexionar y promover diversas acciones en pro de los derechos del 15 por ciento de la población mundial.
Un porcentaje que representa alrededor de 1 mil millones de habitantes que viven en condición de discapacidad, en medio de marcadas cifras de exclusión y marginación, con énfasis en los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema.
A 31 años de haberse realizado esta declaración, vemos que en el mundo entero se organizan e impulsan eventos sociales, culturales, políticos, científicos, entre otros, para que los gobiernos evalúen y actualicen sus políticas en función de las demandas de este sector. Para el 2023, la ONU orienta a la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para determinar cuáles son los desafíos que deben asumirse para la efectiva inclusión de las personas con discapacidad.
Guatemala adoptó la Agenda 2030 como parte de su política interna desde el 2016, a resolución del Sistema Nacional de los Consejos Urbanos y Rurales de Desarrollo, procediéndose a una serie de acciones que deben tener seguimiento por parte de todas las instancias relacionadas. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia realizó una concatenación de las metas de los ODS con los objetivos y metas del Plan Nuestra Guatemala K-tún 2032.
Guatemala adoptó la Agenda 2030 como parte de su política interna desde el 2016.
Es una iniciativa que incluye acciones sobre discapacidad, por lo que, en el marco de esta orientación de las Naciones Unidas, puede ser la base para determinar los avances e identificar los principales retos. Una tarea que por supuesto requiere del compromiso de todos los involucrados: organizaciones representativas de las personas con discapacidad, autoridades de gobierno y sobre todo, las entidades de Estado responsables de las políticas públicas en discapacidad.
Los ODS incluyen 11 metas relacionadas directamente con los asuntos de discapacidad, pero se podría decir que todas las demás deben contener acciones de manera transversal, dada la línea muy delgada entre pobreza y discapacidad. En Guatemala, se observan preocupantes cifras de exclusión en todos los ámbitos de la agenda del desarrollo nacional, según lo revelan la segunda encuesta nacional de Discapacidad del 2016 y el XII Censo Nacional de Población del 2018.
Debe tenerse claro que la reducción de las desigualdades hacia las personas con discapacidad es un asunto que no se podrá resolver de la noche a la mañana. A través de una efectiva coordinación interinstitucional e intersectorial, se pueden sentar las bases de un trabajo viable y sostenible para erradicar una histórica exclusión.