Sebastián toledo
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En cumplimiento del Artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) procedió a la instalación de un equipo interinstitucional e intersectorial de apoyo.
El artículo en referencia orienta a la inclusión de este sector en igualdad de condiciones en la vida pública y política de los Estados, lo que conlleva su derecho a elegir y ser electos, al ejercicio de un voto libre y secreto, así como a la asistencia de una persona de su elección durante el proceso. El ejercicio de un sufragio libre y secreto requiere, entre otras, cosas el acceso seguro e independiente a los centros de votación, contar con materiales electorales apropiados, según condición de discapacidad y emitir un voto debidamente informado. En este último aspecto, significa poner al alcance de las personas la información necesaria en medios y formatos accesibles, incluyendo la interpretación en lengua de señas.
Se constituye la Mesa de Inclusión de Personas con Discapacidad al Proceso Electoral de Guatemala, con participación de las organizaciones socias de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis): la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad Manuel Tot (AGPD), Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala (ANCG) y Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua). Las tres agrupaciones conformaron el Consorcio Riadis-Gua-
temala, las que junto al Comité Pro Ciegos y Sordos, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y el TSE, impulsarán la inclusión de la población con discapacidad en las elecciones generales del país. Un esfuerzo que se espera desarrollar a la luz de la normativa internacional en materia electoral y con ello, dar respuesta a los compromisos de país.
La CDPD regula la consulta a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, lineamiento planteado en congruencia con la formulación de las políticas públicas de los actuales tiempos. Ya que ello permitirá la adopción de medidas acordes a las necesidades y demandas de los distintos grupos de población, la posibilidad de promover monitoreos efectivos y mecanismos de participación social con responsabilidades compartidas.
