Consejo Editorial Conadi
Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger que se conmemora el 18 de febrero, impulsado por organizaciones de diferentes nacionales que promueven acciones a favor de este colectivo, representado en el país por Asperger Guatemala, organización adscrita al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), asociación que también es parte de la Confederación Asperger Internacional de España, tiene el propósito de promover e incidir en acciones dirigidas a la reivindicación para visibilizar a esta población y dar a conocer sus demandas y necesidades.
En el 2023, la referida confederación ha lanzado un manifiesto, con la intención de dejar en claro cuáles son los desafíos que afronta una persona con Síndrome de Asperger. Las personas que viven con discapacidad social están encuadradas en el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este es un trastorno del neurodesarrollo que implica una inteligencia media, buen nivel de lenguaje, que manifiesta alteraciones en la comunicación y comprensión social. Según expertos, las personas con Asperger tienen comportamiento rígido, intereses restringidos y encuentran dificultad para comprender reglas sociales y lenguaje no formal. Esta condición esta invisibilizada y es relacionada de manera equivoca con la deficiencia mental, por falta de diagnósticos certeros y desconocimiento profesional, condición que no debe ser considerada una enfermedad sino una discapacidad social. De acuerdo a la Asociación Asperger Guatemala, el proyecto de Certificación de Discapacidad, que se promueve desde la institucionalidad pública y sociedad civil, debe de incluir los nuevos baremos de valoración de la discapacidad, que muestren las características de la discapacidad social, misma que no debe ser diagnosticada por un médico; de dar continuidad a esta práctica, estaremos bajo el umbral del modelo rehabilitador. Tales evaluaciones deben ser realizadas por profesionales que tengan conocimiento sobre esta condición.
Las barreras sociales impiden el cumplimiento de derechos fundamentales, como el derecho de un diagnóstico, el reconocimiento del tipo de discapacidad, lo cual repercute en la no inclusión de una persona con esta condición en el ámbito educativo, laboral, cultural, entre otros.
