Lic. Francisco Leal
Dirección de Investigación, DIADI/INAP
Ello sin duda comporta nuevas exigencias para las autoridades en relación con el fomento de la organización, información y participación de aquellos intereses difusos que soportan los mayores costes. Se abre así todo un campo de acción gubernamental a favor del fortalecimiento de las instituciones públicas de la sociedad civil para su inclusión en las estructuras de gobernanza, lo que incluye y supera a la vez el planteamiento adicional de la participación ciudadana.
Los principios de una buena gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Cada uno de estos principios resulta esencial para la instauración de una gobernanza más democrática.
No solo son la base de la democracia y el Estado de derecho de los Estados miembros, sino que pueden desarrollar muy someramente los principios expresados. No hay que olvidar en todo caso que la gobernanza hoy es un concepto que describe el movimiento o transición a un nuevo modo de gobernación, la gobernanza, el alumbramiento de cuyos principios institucionales y valorativos tomarán su tiempo.
La gobernanza no puede diluir, sino fortalecer y legitimar la autoridad democrática.
Por lo anterior, no habrá un modelo universal de buena gobernanza. Podrá haber unos principios institucionales mínimos o básicos, pero la diversidad de entornos decisionales modulará estos principios y añadirá otros de manera muy difícil de predecir.
Se debe reiterar un aspecto que parece clave: contra la opinión que ata a los gobiernos como un actor más en las estructuras de gobernanza, creemos que el principio democrático y de Estado de derecho al que la gobernanza debe servir es el reconocimiento de un rol, unas formas organizativas y de funcionamiento y una responsabilidad especial a las administraciones públicas. Estos son actores en estructuras de interdependencia, pero no un actor más. No la gobernanza como sustituto del gobierno sino en la gobernanza con gobierno, como modalidad de gobernación.
La gobernanza no puede diluir, sino fortalecer y legitimar la autoridad democrática. Para que se logre, se necesita de un derecho administrativo renovado que desde el reconocimiento de las nuevas realidades y sus desafíos vaya estableciendo los principios institucionales que permitan orientar la construcción y proceder a la valoración de la gobernanza que ya ha llegado para quedarse.
