Juan Everardo Chuc Xum
Revisando bases legales de la institucionalidad estatal de Guatemala, creo oportuno saludar el Acuerdo Interno A-110-2019 de la Contraloría General de Cuentas, que crea la Dirección de Auditoría a Recursos Públicos destinados a Pueblos Indígenas y Grupos Vulnerables, responsable de “ejercer la función fiscalizadora y control Gubernamental de los recursos públicos, mediante la práctica de auditorías de tipo financiero, cumplimiento y desempeño u otras que se consideren necesarias realizar en aquellas entidades o personas establecidas en el Artículo 2 de la ley, que tiene bajo su responsabilidad formular, programar, planificar, gestionar, ejecutar y hacer cumplir el régimen jurídico relacionado con los recursos estatales destinados a pueblos indígenas y grupos vulnerables”, indicado en el Artículo 34 del Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Esta normativa en vigencia es una acción afirmativa que seguramente contribuye a mejor la ejecución presupuestaria estatal y el desempeño de los colaboradores públicos en función de elevar la calidad de vida de los pueblos indígenas que representan casi mitad de la población general guatemalteca, esta dirección de auditoría le corresponde fiscalizar a veinticuatro (24) instancias, entre instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que tienen presupuesto del erario público.
El Gobierno cumple con asignar presupuesto y hay que ejecutar especialmente en los dos primeros cuatrimestres del año.
La acción traducida en el establecimiento de un mecanismo en la CGC tiene una connotación de reconocimiento y compromiso con Guatemala pluricultural, aunque hay que fiscalizar la inversión pública de todo el aparato estatal que de alguna manera invierte especialmente en pueblos indígenas para contribuir de mejor manera en cerrar brechas de desigualdad y exclusión entre la sociedad guatemalteca.
Toca a las instituciones gubernamentales y las organizaciones civiles atender los mandatos y las funciones establecidas con responsabilidad y ejecutar financieramente con calidad de gasto, no se vale ejecuciones presupuestarias a medias, las necesidades son profundas y diversas de los pueblos indígenas para su desarrollo humano y su dignificación, el Gobierno cumple con asignar presupuesto y hay que ejecutar especialmente en los dos primeros cuatrimestres del año.
