Claudia Brito Bruno
Oficial de Políticas, FAO, América Latina y el Caribe
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, es bueno recordar que, si no se mejoran las condiciones de vida de las mujeres que viven y trabajan en el campo, no será posible cumplir las metas de desarrollo sostenible trazadas para el año 2030.
En América Latina y el Caribe, más del 40 por ciento del trabajo en las zonas rurales está en manos de las mujeres. Sin embargo, son ellas las que sufren los efectos de las enormes brechas de género y la permanente feminización de la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Si tenemos en cuenta que la meta 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es “Hambre Cero”, debemos considerar que el número de personas que la sufren ha crecido y que este es un fenómeno que afecta más a las mujeres que a los hombres. Según los últimos estudios de la FAO, el 42 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe sufrió inseguridad alimentaria grave o moderada, en comparación con el 32 por ciento de los hombres.
La hazaña necesaria para combatir la pobreza y el hambre.
La brecha de género también se observa respecto a la obesidad generada por precarias condiciones de vida. En 19 países de la región, la prevalencia de obesidad entre las mujeres es casi del 27 por ciento y supera en al menos 10 puntos porcentuales a la de los hombres.
Durante la pandemia aumentó la proporción de mujeres que no reciben ingresos propios y se incrementaron las desventajas de estas respecto al cuidado (actividad imprescindible para garantizar el bienestar de las personas con algún nivel de dependencia, como niños, niñas y adultos mayores), de forma que el tiempo dedicado a la alimentación, la limpieza y el juego recayó en una mayor proporción entre las mujeres que entre los hombres.
Asimismo, las mujeres rurales, pese a ser tan productivas como los hombres en el campo, no disponen del mismo acceso a la propiedad de la tierra, a créditos productivos o a los mercados.
Si bien las cifras no son alentadoras, debemos destacar los esfuerzos que han hecho los países de América Latina y el Caribe para enfrentar estos desafíos a pesar de la pandemia, del contexto político internacional y de la difícil situación económica que atraviesa la región.
Destaco países como Colombia, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Perú, que han aprobado leyes de protección de derechos y medidas afirmativas para garantizar el derecho a recursos y servicios productivos para las mujeres rurales. También se debe destacar la promulgación de leyes específicas referidas al acceso de las mujeres a la tierra en Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Honduras y Uruguay.
Sin embargo, el desafío sigue. Debemos implementar estas leyes y articularlas con políticas y programas sectoriales; en particular, de protección social y con sistemas de cuidado robustos, incorporando al sector privado para promover el empleo decente.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabaja permanentemente con ese norte, a través de la visibilización de las mujeres rurales en un trabajo colaborativo con países, lideresas, líderes y decenas de organizaciones, lo que ha permitido consolidar una plataforma regional de incidencia y cooperación por más y mejores políticas de empoderamiento de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.
En los ocho años que restan para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar estas metas, y para ello es imprescindible que las mujeres rurales, muchas de ellas en la economía informal y simultáneamente sostenedoras de sus hogares, puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres.
Si queremos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado para 2030, no hay más receta que esa. El empoderamiento de las mujeres rurales es la hazaña necesaria para combatir la pobreza y el hambre.
