ERICK FERNANDO MAZARIEGOS SALAS
[email protected]
La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 1, establece: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común” así mismo, que es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de las personas.
Dicho en otras palabras, el Gobierno deber enfocar los programas y proyectos de las instituciones en beneficio de la población. Para garantizar lo anterior, la Constitución Política de la República en su Artículo 232 establece que: “La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado…”.
Una adecuada planificación es vital en el ejercicio de la fiscalización.
Es por ello, que una adecuada planificación es vital en el ejercicio de la fiscalización, considerando la Contraloría General de Cuentas los compromisos nacionales e internacionales como país, como por ejemplo: El Plan Nacional de Desarrollo K’atún, nuestra Guatemala 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dieron origen a las Diez Prioridades Nacionales y sus dieciséis Metas Estratégicas de Desarrollo, aprobadas en el Punto Resolutivo No. 08-2017 del Conadur, que vinculan a la Contraloría General de Cuentas en la prioridad “Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia” y sus metas “Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas” y “Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”; sumando a esto, la Política General de Gobierno (PGG 2020-2024), que es el instrumento de planificación del actual gobierno en la cual la Contraloría General de Cuentas está asociada a los pilares “Estado Responsable, transparente y efectivo” y “Economía, competitividad y prosperidad”.
El considerar estos instrumentos en la Planificación Estratégica de la CGC garantiza que los recursos del Estado se encuentren enfocados en beneficio de la población.
