Sebastián Toledo
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Después de varios años de lucha, el movimiento nacional de personas con discapacidad visual logró la aprobación delreglamento del Decreto 21-18, instrumento que reforma la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Un objetivo que se estuvo impulsando por diferentes medios, para asegurar el acceso de las personas ciegas y otras condiciones de discapacidad a la información de los textos impresos.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobó, a incidencia de la Unión Mundial de Ciegos (UMC), el Tratado de Marrakech, el que insta a todos los gobiernos a la revisión y actualización de la normativa que rige la producción de todo tipo de textos en cada país. De tal manera que estos puedan ser producidos y reproducidos en medios, formas y formatos accesibles a las personas que presenten dificultades de lectura en el formato convencional.
Este es el caso de las personas ciegas, sordociegas y de baja visión, quienes al no tener un texto en sistema braille, en audio o letras macrotipo, no se enteran de los contenidos de un texto de estudio. Así también, quienes presentan dificultades para manejar un libro o que no cuenten con documentos de fácil comprensión, se ven altamente beneficiadas con la reforma de la ley en referencia y su reglamento.
Las personas que presentan dificultades para manejar un libro o que no cuenten con documentos de fácil comprensión, se ven altamente beneficiadas con la reforma de la ley en referencia y su reglamento.
El Tratado de Marrakech fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, en 2016 fue ratificado por el Estado de Guatemala, en seguimiento a las orientaciones de la OMPI, en 2018 se aprueban las reformas a la Ley de Derechos de Autor.
Con la publicación del reglamento de esta reforma, se da lugar no solo a la producción y distribución de textos en formatos accesibles, sino también al intercambio entre países.
En Guatemala, el Comité Pro Ciegos y Sordos, institución privada, cuenta con una unidad de producción bibliográfica desde hace más de 40 años con alrededor de 1500 títulos. Por parte del Estado, el Ministerio de Educación inició con este esfuerzo no hace más de 10 años. Con la aprobación y publicación de este reglamento, se da un importante paso para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al texto impreso.
