DR ludwing A. llamas Álvarez
Departamento de Investigación,
DIADI/INAP
Dentro de los mandatos orgánicos y ciclos de política pública, la interrelación entre planificación, gestión y evaluación, se constituye como reto sistémico, en cuanto al aseguramiento de las condiciones y particularidades de la complementariedad de la función pública.
Si bien las métricas que pretenden facilitar la valoración de los avances, en la consecución de los planteamientos de la planificación y presupuestación, se enfrentan asimismo a las complejidades para valorar los avances de procesos en curso, propios de la gestión, y de cómo contribuyen dentro de un sistema público, institucional o sectorial.
Si se atiende que la evaluación del alcance de funciones sustantivas es una estimación de la eficacia y eficiencia en torno de procesos y actividades para alcanzar resultados específicos, abre el carácter multidimensional de la evaluación como recurso decisional.
Recurrir a paradigmas derivados de enfoques de sistemas como la relación entre insumo, proceso y resultado, genera complejidades métricas que involucran estimaciones como el peso relativo de los componentes de la cadena productiva.
La evaluación multidimensional implica valorar los nexos entre función pública y sociedad.
Resalta la posibilidad de enfoques alternativos a efecto de estimar el aporte que tienen los componentes de las cadenas productivas participantes, incluyendo en particular el efecto de los insumos, subproductos en la GpR, para la obtención de resultados específicos. Aunque es notorio el uso del concepto de indicadores, también aparecen posibilidades a través del uso de tasas marginales, tasas de variación intertemporal y elasticidades.
Además, ante relaciones cuantitativas como la cumplimentación del porcentaje de gasto público consumido durante un período fiscal, quedan retos más profundos y complejos para situar desde la valoración interpretativa de la evaluación, acerca de la composición de los cambios sociales, inducidos por intervenciones públicas específicas.
Allí es en donde se abren las posibilidades de la valoración evaluativa de la función pública para el desarrollo, mediante productos públicos.
Queda entonces dentro de los retos institucionales y sectoriales contar con modelos dinámicos que aproximen con mayor propiedad las particularidades sociales y el efecto de las acciones públicas
correspondientes.
